Santiago, Chile, 04 de noviembre de 2024.- El sector financiero ha evolucionado rápidamente, impulsado por la tecnología y el aumento en la digitalización de los servicios. Sin embargo, estos avances también han convertido a los bancos y a las instituciones financieras en objetivos atractivos para los ciberdelincuentes.

En este contexto, la Ley Marco de Ciberseguridad surge como una respuesta integral para fortalecer la seguridad, promover la colaboración entre actores y coordinar los esfuerzos regulatorios. En un reciente foro llevado a cabo en la UNAB, Juan Downey, CISO de la Asociación de Bancos en Chile, y Karina Bunster, Oficial de Riesgo No Financiero del Banco BCI, discutieron los beneficios y desafíos de esta nueva legislación.

Marco regulatorio y evaluación de proveedores

La Ley Marco de la Ciberseguridad propone una regulación más estructurada para las instituciones financieras, permitiéndoles una gestión de proveedores basada en la criticidad de estos para la operación y la seguridad. Downey destacó que la ley regula, entre otras cosas, el reporte de incidentes en tiempos específicos. Esta claridad en los procesos facilita la adaptación de la industria a los requisitos de seguridad y permite una respuesta más rápida ante incidentes.

Además, establece un organismo regulador responsable de definir reglamentos sobre operadores de importancia vital para el sector, sin embargo, este cambio también plantea desafíos, como la coordinación entre reguladores ya existentes y el nuevo organismo para evitar la duplicidad de esfuerzos y posibles conflictos normativos.



Downey subraya la necesidad de un marco regulatorio coherente con los diferentes reguladores sectoriales, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Agencia Nacional de Ciberseguridad e Información (ANCI). Actualmente, cada uno de estos entes tiene tiempos y formatos diferentes para el reporte de incidentes, lo que aumenta la carga de trabajo de las instituciones financieras. La ley busca optimizar este proceso, estableciendo una estructura consistente que permita a las instituciones cumplir con todas las exigencias regulatorias sin enfrentar duplicaciones o contradicciones técnicas.

Colaboración y ciberseguridad: un objetivo común

Por su parte, Karina Bunster enfatiza la importancia de la colaboración dentro del sector financiero y entre los distintos actores involucrados en la ciberseguridad. La Ley Marco llega en un momento en el que, según Bunster, la ciberseguridad es esencial para la confianza en el sistema financiero. En el sector financiero, donde la confianza es la base de las relaciones con los clientes, un incidente de ciberseguridad puede tener un efecto devastador en la percepción de seguridad y la estabilidad.



Bunster destaca que la ley impulsa la colaboración entre actores de diferentes tamaños y capacidades tecnológicas, al crear un entorno donde los bancos pueden compartir indicadores de compromiso y conocimientos sobre nuevos riesgos, se fomenta una defensa colectiva frente a las amenazas.

Este intercambio no solo beneficia a los bancos con menores recursos, sino que fortalece el sector en su conjunto. Según Bunster, “si un banco pequeño es vulnerable, toda la industria se ve comprometida”. Esta ley también habilita una mayor interacción y colaboración para mejorar la ciberseguridad a través de toda la industria financiera, permitiendo compartir técnicas de mitigación y aprendizaje en caso de ataques.

Interoperabilidad y coordinación: el camino hacia un marco consistente

Ambos expertos coinciden en que el éxito de esta Ley Marco dependerá de una clara interoperabilidad entre los diferentes reguladores. Actualmente, las instituciones financieras deben cumplir con requisitos de múltiples entidades, lo que puede derivar en esfuerzos duplicados y en una posible inconsistencia en la aplicación de normas.

Con esta ley, se espera que se establezca una coordinación más eficiente que facilite el cumplimiento normativo, promoviendo un entorno más seguro para todas las instituciones involucradas.

La nueva Ley Marco representa un avance significativo en la ciberseguridad del sector financiero chileno, porque integra una estructura regulatoria coherente y fomenta la colaboración entre actores de diferentes capacidades, se construye un sistema financiero más robusto y confiable.

Sin duda, la implementación exitosa de esta ley dependerá de la capacidad de las instituciones y reguladores para adaptarse y trabajar de manera coordinada, manteniendo siempre el objetivo común de proteger la seguridad y confianza de sus clientes.