Lima, 27 de mayo del 2022.-La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN, expresa su preocupación por el reciente comunicado publicado por el OSIPTEL que se cuestiona que una empresa operadora interponga acciones legales para defender su posición.

La Constitución reconoce el derecho a impugnar las decisiones administrativas y judiciales. Desconocer el mismo no se condice con los principios democráticos, más aún – y de forma paradójica - cuando es el propio organismo regulador el que ejerce ese derecho ante decisiones del Tribunal Fiscal sobre el aporte de regulación.

Genera desconcierto que un organismo regulador cuestione públicamente el ejercicio legítimo de acciones o recursos ante instancias judiciales, administrativas o los mecanismos de solución de controversias que contemplan los contratos de concesión celebrados entre el Estado Peruano y las empresas. Esta conducta supone desconocerlos en la práctica, lo que vulnera la seguridad jurídica y ahuyenta las inversiones.

Hacemos un llamado a respetar los mecanismos de solución de controversias establecidos en el marco jurídico, los cuales deben mantenerse ajenos a cualquier tipo de injerencia.